El Viceministro de Protección Integral de Derechos, Eduardo Escobar Said, intervino este miércoles en Caaguazú tras la incautación de teléfonos y la imputación del padre del menor de 8 años.


El Viceministro de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Eduardo Escobar Said, confirmó este miércoles el inicio de acciones judiciales tras la muerte de un menor de 8 años explotado laboralmente como jockey. La autoridad del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), calificó el caso como homicidio culposo tras verificar las irregularidades durante una entrevista concedida al programa Código 650 por La Tribu 650 AM.

Articulación interinstitucional y despliegue operativo en el Departamento de Caaguazú

Las reuniones de alto nivel, coordinaron acciones urgentes entre las autoridades ministeriales, la fiscalía regional de Coronel Oviedo y la defensa pública especializada. Los equipos técnicos interdisciplinarios, se trasladaron al municipio de Cecilio Báez para acompañar las diligencias criminalísticas de la Policía Nacional en el sitio del suceso.

Las intervenciones directas en territorio, buscaron recolectar evidencias materiales sobre la organización de competencias hípicas ilegales en la zona.

Las actuaciones de la fiscalía jurisdiccional, incluyeron la citación indagatoria de los organizadores y la incautación de aparatos telefónicos para peritajes técnicos. Las investigaciones del Ministerio Público, apuntan a determinar los grados de responsabilidad de los propietarios de los animales y de los montadores de apuestas.

Las evidencias de explotación continua, demostraron que la víctima participaba habitualmente en eventos clandestinos bajo el consentimiento de adultos responsables.

Erradicación de la explotación laboral infantil y redes de clandestinidad

Las denuncias de trabajo infantil, revelaron la existencia de un esquema sistemático donde adultos lucren con menores entrenados para carreras hípicas.

La ausencia de medidas preventivas, expone la necesidad de aplicar penas severas contra quienes lucran mediante la utilización de niños en espectáculos de riesgo. Las evaluaciones de la defensa pública, analizan la suspensión de la patria potestad de los progenitores por negligencia grave en el cuidado.

Las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíben expresamente la participación de menores de edad en actividades que pongan en peligro su integridad física.

La falta de controles municipales, permitió el funcionamiento de picaderos no autorizados en terrenos comunales contiguos a las rutas principales. Las redes de apuestas clandestinas, operan al margen de las normativas vigentes administradas por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Requerimientos de reformas legislativas y penalización del trabajo infantil

El impulso de proyectos legislativos, busca penalizar explícitamente la explotación laboral infantil dentro de las normativas de erradicación del criadazgo. Las gestiones del Gobierno Nacional, reactivaron los debates parlamentarios para dotar a la justicia de herramientas punitivas más severas contra los infractores. La tipificación penal del abuso laboral, evitará la impunidad de los promotores de espectáculos peligrosos en el interior del país.

El fortalecimiento de las capacidades institucionales, apunta a articular respuestas inmediatas ante casos de vulneración de derechos en comunidades rurales. Las mecanismos de denuncia confidencial, canalizan alertas ciudadanas mediante la línea gratuita 147 y el sistema 911 de la policía. Las intervenciones de los organismos de protección, exigen la actuación de las dependencias de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

Procedimientos periciales e investigación de responsabilidades penales

Las pericias de la división criminalística, constataron fallas de seguridad en el circuito improvisado al final de la pista de carreras. Las hipótesis de los peritos técnicos, señalan que el obstáculo no retirado provocó el tropiezo y la posterior caída de los jinetes competidores.

El juzgamiento de las conductas delictivas, requerirá esclarecer el grado de participación de los compositores de caballos y de los familiares directos.

Las acciones de protección social, brindarán acompañamiento integral a los demás menores integrantes del núcleo familiar afectado por la tragedia.

Las campañas de sensibilización nacional, promoverán la tolerancia cero frente al trabajo infantil en todas sus modalidades productivas o deportivas. El seguimiento de la causa penal, continuará bajo la supervisión directa del Viceministro Escobar Said.

FUENTE: EL NACIONAL