El departamento policial especializado en localización, según el informe correspondiente al periodo de vigencia de la Ley 7605, mantiene un registro de 111 denuncias de menores no ubicados.

Las cifras oficiales actualizadas de manera mensual abarcan 28 niños de hasta trece años y 83 adolescentes.

El departamento Central encabeza la mayor cantidad de reportes, seguido por Asunción y el departamento de Alto Paraná.

Las denuncias sobre litigios y cumplimiento del deber alimentario inflan artificialmente los números en las bases de datos, según datos vertidos al programa Espresso Informativo por La Tribu 650 AM.

Las intervenciones de los investigadores de campo confirmaron la existencia de disputas entre progenitores o abuelos. Las denuncias formales radicadas ante la Policía Nacional responden frecuentemente a desencuentros en el régimen de visitas.

“Muchas familias utilizan la denuncia de desaparición como un mecanismo legal para ubicar a sus hijos en el marco de litigios familiares”, explicó el jefe policial.

Los casos con desaparición efectiva y vulnerabilidad extrema representan un porcentaje reducido dentro del universo estadístico acumulado.

Las situaciones registradas en pueblos originarios presentan dificultades de acceso por el celo de las comunidades.

“De los 28 niños denunciados, unos cinco o seis corresponden a casos complejos donde existen barreras de acceso o abandono de centros médicos”, detalló el vocero institucional.

La eliminación del código de búsqueda en el sistema exige la verificación personal y constitución de los agentes intervinientes.

La recepción de fotografías informales por mensajería resulta insuficiente para formalizar la cancelación de las alertas.

“No podemos levantar una búsqueda activa en el sistema oficial sin la verificación presencial y el acta remitida a la fiscalía”, precisó el investigador de la institución.

El albergue de adolescentes sin conocimiento de los tutores configura una eventual figura de obstrucción a la persecución penal.

Las personas que albergan a menores con búsqueda activa se exponen a responsabilidades legales ante la justicia.

“Dificultar la investigación o retener a un menor sabiendo que tiene orden de localización puede configurar un hecho punible”, advirtió el mando policial.

Los procedimientos derivados a unidades especializadas atienden sospechas de trata de personas o presunta inducción. Las averiguaciones técnicas de la Policía Nacional descartaron denuncias históricas sobre tráfico de órganos en el territorio nacional.

“Dentro de los antecedentes investigados nunca encontramos casos de personas localizadas con faltante de órganos ni evidencias de ese tipo”, aclaró la autoridad de investigación.

El incremento de ausencias en la época estival coincide con el receso escolar y las vacaciones familiares. La prevención de fugas del hogar requiere un diálogo fluido sobre el entorno de amistades de los jóvenes.

“Invocamos a las familias a dedicar tiempo al diálogo con los adolescentes para comprender sus inquietudes y prevenir situaciones de riesgo”, concluyó el oficial Vera, al cerrar su presentación técnica.

FUENTE: LA TRIBUNA