La vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia ante la morosidad judicial y el uso de "chicanas" legales genera una profunda preocupación en las instituciones de apoyo. A pesar de la existencia de la Ley 5777, que exige celeridad en los procesos, la realidad en los tribunales muestra un escenario distinto: juicios orales que, tras ser suspendidos por maniobras de la defensa, son reprogramados incluso para un año después, prolongando el calvario de quienes buscan justicia.

Este retraso no solo implica un desgaste emocional para la víctima, quien debe revivir su proceso durante años, sino que también conlleva un riesgo jurídico crítico: la prescripción de las causas. Mientras el agresor suele presentarse con una defensa técnica reforzada, la víctima enfrenta el proceso en una situación de desventaja, lo que hace vital el acompañamiento de instancias como la Dirección de la Mujer y la Defensoría Pública especializada.

Desde la Dirección de la Mujer se aclara que, aunque la institución no ejerce el patrocinio legal directo ni la representación jurídica de las víctimas —tarea delegada a la Defensoría Pública para garantizar la gratuidad en los 15 tipos de violencia contemplados—, el seguimiento es constante.

El trabajo coordinado permite que las denuncias tomadas sean derivadas correctamente a los juzgados de paz, comisarías o fiscalías, asegurando que se soliciten las medidas de protección de manera inmediata.

Sin embargo, el sistema se encuentra al borde del colapso. Actualmente, los juzgados de paz reciben entre 15 y 20 denuncias diarias provenientes de la Dirección de la Mujer, comisarías y centros asistenciales como el Hospital Regional.

Ante este flujo masivo de causas, se vuelve imperativa la creación de una unidad especializada en violencia intrafamiliar dentro del Ministerio Público y un juzgado de paz exclusivo para estos casos.