Según los documentos obtenidos, el Consejo de Desarrollo, propiedad del Intendente Víctor Bernardo Garay, ha estado facturando como una empresa constructora, incluso utilizando el número telefónico personal del Intendente en las facturas.

Los cheques correspondientes a estos pagos eran firmados por el Tesorero Hugo Paiullaux, y se estima que se movieron alrededor de Gs. 10.000 millones mediante este sistema. Estas acciones, aparentemente respaldadas por el asesor jurídico Abog. Manuel Lugo y el "cerebro" Juan Zayas, no cuentan con la aprobación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Los documentos presentados son pruebas suficientes para que el Ministerio Público inicie de inmediato una investigación y presente cargos contra los responsables por la presunta comisión de delitos como lesión de confianza y asociación criminal, entre otros.