La propuesta quedó en reserva sin siquiera ser discutida en el pleno, evidenciando una vez más la falta de avance en temas sensibles.

El proyecto planteaba obligar a Petropar, así como a emblemas privados, distribuidores mayoristas y minoristas, a revelar de manera detallada cómo se conforman los precios de los combustibles. La intención de sus impulsores era generar mayor claridad en el mercado y permitir un mayor control ciudadano sobre un sector clave de la economía.

La iniciativa había sido presentada en julio de 2025 por un grupo de legisladores de distintos sectores de la oposición, quienes sostienen que este tipo de mecanismos de transparencia ya se aplican en varios países y contribuyen incluso a la reducción de precios al consumidor. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde su presentación, el proyecto no fue analizado por las comisiones asesoras correspondientes.

Las comisiones de Legislación, Economía y Cooperativismo, e Industria y Comercio, responsables de emitir dictámenes previos, no estudiaron el expediente durante meses, lo que terminó dejando al proyecto sin condiciones para su tratamiento en la sesión. Como consecuencia, el tema fue retirado de la agenda sin debate.

Desde el Poder Ejecutivo sí hubo una postura formal a través de la Comisión Nacional de Competencia, que ya en agosto de 2025 había recomendado rechazar la propuesta. El argumento central es que la difusión de información considerada sensible desde el punto de vista comercial podría generar efectos contrarios a la libre competencia, además de sostener que ya existen mecanismos legales para acceder a ese tipo de datos mediante declaraciones juradas en el marco de la normativa vigente.

Esta posición no es nueva, ya que el mismo organismo había sostenido criterios similares en años anteriores frente a iniciativas de características parecidas. No obstante, el freno al proyecto vuelve a instalar el debate sobre la falta de transparencia en la fijación de precios de los combustibles y el rol del Estado en un mercado altamente sensible para la economía.

La postergación se da en un contexto de creciente preocupación por el costo de vida y el impacto que tiene el precio del combustible en toda la cadena económica, desde el transporte hasta los alimentos. Pese a ello, el Congreso optó por dejar en pausa una discusión que apunta directamente a uno de los reclamos más recurrentes de la ciudadanía.

FUENTE: EL NACIONAL