Un Tribunal de Sentencia condenó a Gilberto Rubén Parris Argüello a 30 años de prisión al ser hallado culpable como autor de los hechos que derivaron en la muerte de su hija biológica, una niña de un año y cuatro meses. En el mismo proceso, Helena Beatriz Marchaki Esteche fue sentenciada a 22 años de cárcel y la abuela de la menor también recibió una condena por su participación como cómplice. La causa estuvo a cargo de la fiscal Mónica Martínez.

Según los antecedentes judiciales, los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2024, entre las 12:00 y las 14:00, en un inquilinato ubicado en el barrio Santa María de Encarnación, donde residía la familia. De acuerdo con la acusación sostenida por el Ministerio Público y respaldada durante el juicio, el padre sometió a la niña a un abuso sexual que posteriormente le provocó la muerte, mientras que su pareja y la madre de esta colaboraron en el encubrimiento del hecho.

Posteriormente, los involucrados trasladaron a la menor, ya sin signos de vida, hasta el Hospital Distrital de Coronel Bogado, ubicado a unos 50 kilómetros de Encarnación. Allí, el personal médico intentó reanimarla, pero constató que había fallecido varias horas antes y observó lesiones compatibles con una posible agresión, situación que motivó el aviso inmediato al Ministerio Público.

Durante las investigaciones, los agentes fiscales y policiales detectaron contradicciones en las versiones proporcionadas por los procesados respecto a la hora y el lugar del fallecimiento de la niña. Las pesquisas también determinaron que el cuerpo había sido transportado desde Encarnación hasta Coronel Bogado y que el traslado se habría realizado con la finalidad de ocultar las verdaderas circunstancias del caso.

Con base en las pruebas reunidas durante la investigación y debatidas en el juicio oral, el Tribunal resolvió imponer las respectivas condenas al principal acusado y a las dos mujeres consideradas cómplices, cerrando así una de las causas que mayor conmoción generó en el departamento de Itapúa.