La Junta Municipal de San Bernardino resolvió rechazar -con 9 votos contra 2 y una abstención- el veto de la Intendencia referente a una resolución mediante la cual los concejales habían aprobado los planos del Proyecto de Fraccionamiento del Inmueble Padrón 29 Finca N° 41 a favor de los ciudadanos Horacio Loizaga, Mirna Delfina Aguilera, Atanasio Aguilera Ferreira y Armín Aguilera Ferreira.

El inmueble en cuestión cuenta con aproximadamente 13 hectáreas, sin embargo, hasta el momento no pudo ser ubicado ni localizada su ubicación exacta al no contar con una mensura ni ubicación georeferenciada entre las documentaciones arrimadas dentro de los antecedentes obrantes en el expediente aprobado en la Junta Municipal.

Además dentro de la superficie de las 13 hectáreas del inmueble, existen varios juicios civiles que fueron entablados por las víctimas de la supuesta rosca mafiosa que despoja terrenos en la ciudad veraniega y los vuelve a vender a terceros.

Una de las víctimas es la señora Nimia Estela Lopez, quien entabló un juicio para la reivindicación del inmueble contra Adalberto Meza, quien es yerno de Don Mario Abdo Benítez y cuñado del expresidente Marito Abdo Benítez. El mismo está siendo sindicado como el líder de esta rosca que aparentemente se apropia de las tierras. El modus operandi de este familiar supuestamente consiste en ir hasta los terrenos, donde muestra un documento de titularidad (que corresponde a otro sitio) para alegar que es el verdadero dueño del lote, con lo cual logra hacer correr a los encargados de la limpieza de los predios y luego rápidamente vende las tierras.

Fue así que el poderoso empresario fronterizo Yoon Churl Choi adquirió unas tierras que habrían sido despojadas por Adalberto Meza a los denunciantes Rubén Darío Rondelli y Alejandro Rodríguez Alfonso, quienes también recurrieron a la justicia para la reivindicación de sus respectivos inmuebles.

Antes de su sesión, los concejales de San Bernardino fueron informados de estos juicios que están en curso sobre las tierras que pretenden dar vía libre para su loteamiento. Así también, a los ediles se les informó que existe una medida cautelar de prohibición de innovar sobre el terreno en litigio.

La víctima Nimia López inclusive contrató a la Firma COINTEC S.R.L. Consultora Integral Técnica para que realice las coordenadas geográficas de los títulos de propiedad, tanto de su inmueble como de la Finca 41 Padrón 29 que se pretende lotear. Mediante este trabajo se pudo determinar la ubicación exacta de ambas propiedades, distantes a unos 10, 2 km. uno del otro, habiendo sido ofrecida como prueba pericial en la causa judicial que se encuentra en curso. En cambio, en ninguno de los juicios existentes, los ocupantes irregulares pudieron demostrar mediante documentos la ubicación exacta de los terrenos que dicen poseer.

Asimismo, a los concejales se les había advertido que no puede darse ninguna aprobación a Loteamiento en un sitio donde existe un juicio civil recientemente iniciado, siendo mínimamente la duración dentro del sistema judicial un promedio de 10 años o más, porque deben quedar firmes las sentencias judiciales en las tres instancias.

Con el rechazo del veto, el Legislativo Municipal es cómplice de una arbitrariedad e ilegalidad al dar viabilidad a una aprobación de un loteamiento, cuya ubicación exacta no fue demostrada dentro de las documentaciones.

Lo más grave de la situación, según denuncian las víctimas, es que antes de aprobarse el loteamiento, los supuestos usurpadores ya comienzan a vender los lotes a terceras personas, quienes desconocen el trasfondo que existe con estas tierras.

DENUNCIARÁN A CONCEJALES

Los abogados de las víctimas adelantaron en entrevista con La Caja Negra (Unicanal) que presentarán una denuncia contra los concejales que apañaron la irregularidad. “Creemos que es pertinente presentar un recurso de reconsideración contra la decisión y una denuncia penal contra estos concejales que transgrediendo la ley municipal, aprobaron el loteamiento de esa finca”, sostuvo el abogado Marcos Ruíz.

Por su parte, el abogado Adrián Gill indicó que existe una lesión de confianza de parte de los ediles, ya que no protegen a los contribuyentes que aportan al municipio sus impuestos, y actúan en su contra al aprobar loteamientos irregulares.

Fuente: Hoy