El gremio calificó las intimidaciones como un grave atentado contra el Estado de Derecho y anunció que impulsará acciones para proteger a los abogados en el desempeño de sus funciones.


La Asociación de Abogados de Itapúa (AAI) manifestó su más enérgico repudio ante las amenazas y actos de intimidación que, según denunció la institución, vienen siendo dirigidos contra profesionales del derecho en el ejercicio de sus funciones. El pronunciamiento fue realizado durante una conferencia de prensa, en la que representantes del gremio expresaron su preocupación por una situación que consideran alarmante y que pone en riesgo el normal desarrollo de la actividad jurídica.

Desde la Asociación señalaron que este tipo de hechos no solo afectan a los abogados directamente involucrados, sino que también representan un ataque a las garantías fundamentales del Estado de Derecho, al intentar condicionar o limitar el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de defender los derechos e intereses de los ciudadanos.

Los representantes de la AAI remarcaron que ningún profesional debe ser objeto de amenazas, presiones o cualquier forma de intimidación por el solo hecho de cumplir con su labor, independientemente de la naturaleza de los casos que le corresponda atender. En ese sentido, sostuvieron que la independencia de la abogacía constituye un pilar esencial para el funcionamiento de la justicia y la vigencia de las instituciones democráticas.

Durante la conferencia, el gremio anunció que fijará una postura institucional más amplia sobre los hechos denunciados y promoverá gestiones ante las autoridades competentes para que se investiguen las amenazas y se adopten medidas que garanticen la seguridad de los profesionales.

Asimismo, la Asociación de Abogados de Itapúa expresó su solidaridad con los abogados afectados y reiteró su compromiso con la defensa de la legalidad, la independencia profesional y el respeto irrestricto a los derechos constitucionales. Finalmente, hizo un llamado a las instituciones del sistema de justicia para actuar con firmeza y asegurar que ningún acto de intimidación quede impune, preservando así la confianza ciudadana en el acceso a una justicia libre, independiente y segura.