Documentos a los que accedió nuestro medio señalan que el intendente de Nueva Alborada, Óscar Martínez habría recibido supuestamente transferencias que superarían los 15.835.425.625 guaraníes solo hasta octubre de 2025, en concepto de royalties y otros recursos estatales, sin contar lo que recibió este año 2026 y lo que recaudó de recursos genuinos. Sin embargo, de manera aparente, no existiría información clara y detallada sobre el destino final de estos fondos, lo que genera creciente inquietud entre los pobladores de Nueva Alborada.

Distintas voces de la comunidad sostienen que supuestamente el dinero público no se vería reflejado en obras de impacto ni en mejoras sustanciales para el distrito. En ese contexto, también se menciona un presunto incremento patrimonial acelerado del jefe comunal y su entorno más cercano, situación que, aunque no confirmada oficialmente, incrementa las dudas sobre la administración de los recursos.

Uno de los puntos más cuestionados es la supuesta existencia de un esquema de nepotismo dentro de la Municipalidad. Según versiones recogidas, formarían parte de la estructura comunal familiares directos del intendente, entre ellos su hermano Pedro Martínez (tesorero), su hermana Alicia Martínez (encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones – UOC), su prima Nora Martínez (auxiliar del ente administrativo) y su primo Rodrigo Figueredo, también funcionario, todos con salarios destacados. De manera aparente, estos vínculos familiares en cargos estratégicos alimentarían sospechas de un manejo concentrado del poder administrativo.

Otro episodio que genera controversia en la comunidad es el relacionado al evento WRC 2025. Según comentarios generalizados, supuestamente personas cercanas al intendente habrían accedido con antelación a información clave para la explotación de espacios durante la competencia, lo que les habría permitido, de forma aparente, acaparar más de 30 sectores estratégicos. Esta situación habría generado un fuerte malestar en pobladores que se sintieron excluidos de las oportunidades económicas que ofrecía el evento.

En cuanto a infraestructura, vecinos denuncian de manera constante el mal estado de los caminos vecinales, señalando que, supuestamente, no existiría una intervención efectiva por parte de la Municipalidad. A esto se suman obras inconclusas, como en instituciones educativas, que reflejarían una aparente falta de planificación o ejecución.

Asimismo, se mencionan posibles inconsistencias documentales en el uso de recursos destinados a trabajos viales, como enripiados y uso de maquinarias. Según versiones, supuestamente se habrían registrado pagos significativos que no coincidirían con la ejecución real de las obras, incluyendo desembolsos a jornaleros que, aparentemente, no habrían prestado servicios comprobables.

El malestar ciudadano también alcanza al sector turístico y comercial, ya que, según afirman, no existiría un respaldo sostenido desde la comuna para potenciar el desarrollo local, pese a que Nueva Alborada cuenta con potencial en esta área. A esto se suma el reclamo de organizaciones civiles, iglesias y sectores vulnerables, que cuestionan una supuesta falta de asistencia social por parte de la administración.

En medio de este escenario, el intendente emitió en su momento un comunicado a través de los canales oficiales de la Municipalidad, en el que, de manera aparente, buscó desmentir declaraciones de la concejal Graciela Britez, otorgando además un tinte político a la controversia.

Finalmente, ante la acumulación de cuestionamientos y presuntas irregularidades, distintos sectores consideran que instituciones como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público deberían intervenir de oficio para investigar el manejo de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión, en resguardo de los intereses de toda la ciudadanía.