El agente fiscal Jorge Armando Benítez imputó a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación. Uno de los imputados se desempeña como magistrado. En tanto la mujer es la madre de la víctima.

El fiscal interviniente solicitó la prisión preventiva de todos los procesados. Además, requirió que el Juez penal de Garantías competente inicie el trámite de desafuero del magistrado, derivando los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Refieren los antecedentes que, el primero de los imputados, el día del hecho habría llegado al domicilio de la madre de la víctima. La mujer conjuntamente con su hija (en ese entonces de 13 años) habrían abordado un vehículo para llegar hasta una zona donde la madre salió del rodado dejando a la niña en manos del hombre, quien procedió a abusar sexualmente de ella. Tras finalizar el acto criminal el hombre abonó a la mujer una suma de dinero. Este hecho habría ocurrido en el año 2021.

Luego, en el año 2022, la madre de la víctima llevó a la misma hija, ya con 14 años, a la casa del segundo imputado. En el sitio este hombre habría procedido a abusar de ella mientras la madre esperaba afuera de la casa. Tras finalizar el acto, la adolescente pidió a su madre ir a su casa, pero la mujer se negó y la dejó en el lugar.

Seguidamente, entre agosto y diciembre de 2023 la señora, madre de la víctima, habría llevado a su hija en 2 o 3 oportunidades a la casa del tercer imputado quien ejerce como abogado del foro, donde la víctima también fue sometida sexualmente a la fuerza por esta persona imputada. 

En ese periodo de tiempo, el cuarto imputado (el magistrado), también abusó de la víctima en 2 o 3 ocasiones con anuencia de la madre quien llevaba a su hija a la casa del mismo para ser abusada sexualmente. El magistrado imputado pedía a la madre que no cuente nada y éstos a su vez indicaban a la víctima que no debía hablar con nadie de estos hechos. 

La investigación fue iniciada tras la presentación de la denuncia por una persona adulta que tomó conocimiento de los hechos, en mayo de 2025.

Con la intervención del Ministerio Público se llevaron a cabo varios actos investigativos como ser: evaluaciones psicológicas y declaraciones testificales, elementos con los que se ha iniciado el proceso contra los sindicados.